Por María Elisa Escobar, Profesora del Departamento de Química y Medio Ambiente, Jefa de Carrera TU en Control del Medio Ambiente, USM Viña del Mar.
El pasado 17 de mayo se celebró el Día del Reciclaje y con ello recordamos lo que significa este concepto, y cómo en Chile hemos ido avanzando.
En los próximos meses entrará en vigencia la Ley 20.920 para la gestión de residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, conocida como Ley REP, cuyo objetivo es disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización.
Buena noticia para nuestro país, especialmente por estos días en que se está celebrando el Mes del Reciclaje.
El espíritu de esta ley es hacer responsable al productor de los desechos que generan sus productos una vez que son utilizados por los consumidores. Para lograr este objetivo, la ley establece metas de recolección de los desechos que generan las empresas encontrándose en la actualidad la fijación de estos objetivos.
Para su implementación se requiere educar a la población para que recicle sus residuos disponiendo los desechos en los lugares que las empresas o la agrupación de éstas determinen, de acuerdo al tipo de material. Por el lado de la empresa, se necesitará un cambio en la reducción y optimización de sus materiales de empaque a fin de disminuir sus desechos y cuotas de recolocación de los mismos.
La correcta aplicación de la Ley, permitirá disminuir y segregar los desechos a fin de incentivar su reutilización. Las empresas por su parte, deberán incentivar el eco-embalaje a fin de disminuir los desechos que generan sus productos al ser utilizados por la población.
Es necesario señalar que sin el apoyo y conciencia de la sociedad civil es fundamental para avanzar en este camino que recién comenzamos a transitar en Chile. Se requiere apoyar las iniciativas que incentiven el reciclaje y utilizar aquellos productos que minimicen el impacto ambiental de sus desechos.
La norma es clara y desde el Ministerio del Medio Ambiente se establece que todos los productores o importadores de “productos prioritarios” deben hacerse cargo de los bienes, una vez que terminan su vida útil. Es decir, estos productos “inservibles” deben volver a las industrias donde fueron fabricados, o a las bodegas donde comenzó su distribución. Para esto, la ley establece metas de recolección y valorización diferenciadas por producto. Los productos prioritarios son: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases, embalajes y neumáticos.
Entre tantas noticias sombrías, una luz de esperanza en las políticas públicas.
